La Fundación 26D quiere abrir en Canarias el primer «gran resort» para el retiro de las personas mayores LGTBi. «Es lo que queremos lanzar en Canarias, sin tener que construir cosas, sino reutilizando espacios. Queremos dar una respuesta a estas personas para que vivan de una forma totalmente productiva para ellos, construir y trabajar con la sociedad. Empujar hacia una vida mucho más inclusiva donde todas las personas tengan los mismos derechos», explica Armenteros, presidente de la Fundación 26D que atiende a personas mayores que fueron víctimas de la Ley de Peligrosidad Social del Franquismo hasta finales de los setenta.

«Condenados y punto. Nos mandaron a Fuerteventura, cuando llegamos allí estuvimos un montón de horas esposados y al sol, hasta que llegó un funcionario al que llamaban La Viga. Fue horrible, horrible, humillante», contaba Octavio García, uno de los presos homosexuales en Tefía durante el franquismo que sobrevivió para contarlo. Allí creó la dictadura un campo de trabajo para someter a las personas LGTBi durante años. «Nos dejaban la ventana abierta para torturarnos con el viento, comíamos sopas llenas de gorgojos», contaba Octavio, el único testimonio al que se han podido acceder los investigadores sobre aquel infierno.

El historiador y escritor Miguel Ángel Sosa Machín aporta el informe forense incluido en el expediente incoado a Octavio García en aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes. Detenido simplemente por ser homosexual, -como él mismo explicó desde que el historiador sacó a la luz su historia- su terrorífico testimonio es ejemplo del trato dado a los presos de Tefía. Hoy personas mayores LGTBI, cuya historia plasmó de manera escalofriante Sosa Machín en su imprescindible novela ‘Viaje al Centro de la Infamia’.

La Fundación26D lucha por la construcción de espacios físicos y sociales especializados para mayores LGTB. Son un colectivo especialmente vulnerable y abandonado por las sociedad, sin recursos específicos que puedan paliar el deterioro, la soledad y su situación de dependencia. No en vano, las personas mayores de ese colectivo fueron perseguidas hasta finales de los años setenta a través de la Ley de Peligrosidad Social, actualización franquista de la Ley de Vagos y Maleantes. «Este espacio es en realidad una deuda histórica, un paso adelante más que necesario y justo, ojalá encontremos colaboración y se pueda poner en marcha», explica Armenteros.